5 RECOMENDACIONES PARA QUE GOBIERNO Y PARTICULARES COMBATAN LA CORRUPCIÓN

El think tank Ethos propone vigilar el uso de los recursos, fomentar la utilización de las tecnologías de la información, promover la cultura de la legalidad y dar condiciones para denunciar.

Si bien es sabido que la corrupción limita el desarrollo económico y social, afecta la inversión, disminuye la eficacia de los programas sociales e incrementa la desigualdad, y además tiene un costo aproximado de entre 8% y 10% del PIB, aún falta mucho para entender cómo se desarrolla y cómo se puede combatir, señala el think tank Ethos Laboratorio de Políticas Públicas.

Por esta razón, la agrupación elaboró el reporte Descifrando la corrupción, que analiza las causas y consecuencias de los actos corruptos y busca dar indicios para enfrentarlos.

Liliana Alvarado, directora de desarrollo económico y social de Ethos, señaló este jueves que existen dos grandes desafíos para combatir la corrupción.

“Tenemos dos retos: una correcta asignación de los recursos y cómo se va a dar el monitoreo de ese gasto (…) es importante que desde la sociedad civil presionemos para contar con una batería de indicadores que contribuyan en esta materia”, dijo, durante la presentación del informe en el Instituto Nacional de Transparencia (INAI).

¿ES SUFICIENTE EL PRESUPUESTO?

Ethos estima que, para el ejercicio fiscal de 2017, hay un presupuesto de 7,382 millones de pesos (mdp) para el combate a la corrupción. Esto incluye el dinero destinado al Poder Legislativo, con 2,275 mdp; al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), con 2,554 mdp, y a la Secretaría de la Función Pública (SFP), con 1,106 mdp.

Durante la presentación del informe, Luis Chicoma, director de Ethos, cuestionó si estos recursos son suficientes para implementar sanciones y garantizar que las instituciones funcionen adecuadamente, mientras que Jacqueline Peschard, presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), aseguró que esos fondos no bastan, pues en ese monto no se contemplan los nuevos procedimientos establecidos a nivel federal y estatal para combatir la corrupción.

Peschard citó como ejemplo el caso del propio comité ciudadano del SNA, el cual todavía carece de presupuesto. “Llevamos tres meses de vida sin presupuesto ni una oficinita dónde reunirnos”, dijo.

ACTIVAR LA PARTICPACIÓN CIUDADANA

Para enfrentar estos retos, Chicoma señaló la urgencia de simplificar y modernizar los servicios gubernamentales, y que la falta de competencia en el otorgamiento de los mismos y el inevitable contacto entre funcionarios y ciudadanos propicia los actos de corrupción.

“La incorporación de la tecnología no sólo facilitaría y agilizaría los trámites, sino también reduciría los actos de corrupción”, sostuvo.

El comisionado del INAI Joel Salas comentó que otros puntos por atender son la especialización de las personas encargadas de combatir la corrupción y la participación de la sociedad en la construcción de los sistemas locales anticorrupción.

“En todos los sistemas locales habrá una representación formal de la ciudadanía, creemos que los ejercicios locales de gobierno abierto deberían ser utilizados para poder monitorear que los sistemas anticorrupción locales lleguen a buen puerto”, dijo.

En el evento también participaron Elisa Suárez, directora de Planeación de Políticas de Ética, Integridad y Prevención de Conflicto de Interés de la SFP; Alejandro Ríos Rippa, presidente de la Comisión Nacional Anticorrupción de la Coparmex; la diputada federal Minerva Hernández y la senadora suplente Martha Tagle.

RECOMENDACIONES PARA NO CAER EN LA CORRUPCIÓN

1. Vigilar la correcta asignación y ejecución de los recursos para el combate a la corrupción.

Ofrecer y contar con información sobre quién, en qué y cómo se gastan los recursos destinados a este rubro, así como de los resultados que este gasto genera.

2. Simplificar y modernizar los procesos burocráticos para el otorgamiento de servicios gubernamentales.

Incorporar tecnología a un mayor número de trámites, para facilitar y agilizar el acceso a servicios y mejorar la forma en que se distribuyen estos servicios.

3. Vigilar la implementación de los sistemas locales anticorrupción.

Los congresos locales deben avanzar en la legislación en la materia, con el fin de impulsar el combate a la corrupción en el mismo sentido y garantizar la asignación apropiada de recursos para el establecimiento y correcto funcionamiento de las instituciones contempladas.

4. Fomentar la cultura de la legalidad como parte del combate a la corrupción.

Establecer programas de educación y prevención para niños, jóvenes y adultos para contar con una sociedad que rechace las prácticas corruptas.

5. Promover la denuncia ciudadana en prácticas de corrupción.

Buscar la participación de la ciudadanía e incentivarla a denunciar actos de corrupción y desarrollar un esquema de protección para los denunciantes.

 

 

Vía: Expansión

Continue Reading

Barcelona y Neymar, a juicio por corrupción

La Audiencia Nacional de España rechazó el último recurso de apelación presentado por Neymar, quien deberá enfrentar un juicio por cargos relacionados con la operación que lo colocó en las filas del Barcelona hace cuatro años.

El Barcelona, el club brasileño Santos y una empresa operada por los padres de Neymar han agotado también su última apelación e irán a juicio, tras una querella interpuesta por un grupo de inversionistas brasileños, el cual señaló que se le había pagado una compensación menor a la debida, debido a que parte de la cuota desembolsada por la transferencia fue ocultada por los involucrados.

La fiscalía ha solicitado una sentencia de dos años de prisión y una multa de casi 10 millones de dólares para Neymar y su padre, por cargos de corrupción. Sin embargo, es improbable que vayan a la cárcel si se les declara culpables, pues no tienen antecedentes penales.

Asimismo, la parte acusadora exige una multa de unos 9 millones de dólares para el Barcelona y otra de 7 millones para Santos.

Al confirmar que procede el juicio, la Audiencia Nacional rechazó un argumento expuesto por Neymar, quien dijo que no revisó las condiciones en que se realizó su traspaso, pues tenía “confianza” plena en su padre, quien funge también como su agente.

De acuerdo con la Audiencia, esa justificación es comparable a la que esgrimió sin éxito otro astro del Barcelona, Lionel Messi, condenado a 21 meses de prisión en 2016 por la evasión de 4.1 millones de euros en impuestos. Messi dijo que se concentraba sólo en jugar al fútbol y nunca preguntaba a su padre sobre asuntos fiscales, por confiar plenamente en él.

Messi tampoco fue a la cárcel por este caso.

“La firma estampada en los contratos es en nombre propio la del jugador”, destacaron los magistrados, en referencia a que Neymar es responsable por lo que suscribe.

Continue Reading

Los cárteles de la corrupción

Por: Luis M. Pérez de Acha
En los últimos años la evasión de impuestos a través de empresas fantasma ha sido un delito recurrente solapado por particulares y funcionarios de los tres niveles de gobierno. En este texto Luis M. Pérez de Acha revela cómo operan estos cárteles de la corrupción

En la última década las empresas fantasma se han utilizado para evadir impuestos. Su única misión es la expedición de facturas falsas. Los contribuyentes que las reciben las aprovechan para efectuar deducciones improcedentes en el ISR o acreditamientos indebidos en el IVA. Además, como las mismas se liquidan con facilidad, los impuestos a su cargo difícilmente se cobran por el fisco federal.

Sin embargo, las empresas fantasma también se emplean para cometer actos de corrupción y financiar campañas políticas. Al igual que sucede con la evasión fiscal, todas esas actividades se instrumentan a través de estructuras sofisticadas y bien organizadas, en las que no sólo participan funcionarios públicos, sino también empresarios, asesores profesionales, notarios y ejecutivos bancarios. Se trata de verdaderos cárteles a la manera del narcotráfico.

Este problema es sistémico en todo el país. En él intervienen de manera generalizada particulares y funcionarios de los tres niveles de gobierno. El SAT ha combatido la evasión fiscal resultante de este mecanismo, principalmente con la entrada en vigor del artículo 69-B del CFF, que se analizará con posterioridad. Sin embargo, el Estado adolece de una pasividad que raya en la apatía frente a la corrupción y a otras actividades ilícitas que le están asociadas

¿Cómo operan las empresas fantasma?

En la actualidad la vía preferida de los cárteles de la corrupción para apropiarse de recursos públicos son las empresas fantasma. Contrario a la creencia general, éstas tienen existencia legal: se constituyen ante notario, están inscritas en el registro público de la propiedad y en el registro federal de contribuyentes, tienen domicilio fiscal, cuentan con firma electrónica y expiden CFDI a través de la plataforma del SAT. Sin embargo, los bienes y servicios que proporcionan son inexistentes o simulados.

Los cárteles de la corrupción actúan a través de personas de bajo perfil socioeconómico, quienes facilitan sus credenciales de elector con engaños o a cambio de una gratificación menor, si acaso unos cientos de pesos, para constituir las empresas. Esas personas se convierten entonces en prestanombres de los cárteles, sin tener conocimiento de ello. Además, con las mismas credenciales se abren cuentas de cheques, en las que las firmas registradas son las de los operadores reales de la conspiración delictiva. De este modo se asegura el control del dinero.

Una característica de estas empresas es que desaparecen con facilidad lo cual, a la par de la realización de operaciones inexistentes o simuladas, les asigna el calificativo de fantasmal. Todo esto complica las tareas de fiscalización del SAT.

En lo que respecta a la corrupción, el mecanismo opera de manera similar a la evasión fiscal, aunque con algunas variantes. Para este fin las dependencias públicas aparentan la celebración de contratos de obra o de prestación de servicios con dichas empresas, maquillando licitaciones o adjudicaciones directas. Si bien las obras y los servicios no se ejecutan, las dependencias cubren las contraprestaciones a las que se obligaron y a cambio reciben facturas falsas.

Con posterioridad los rendimientos de las transacciones se transfieren a los verdaderos dueños del negocio o a las personas que ellos designen —por lo general a familiares o a otros operadores allegados a ellos—, no a los prestanombres de bajo perfil socioeconómico.

Lo anterior requiere del contubernio de notarios y ejecutivos bancarios (que si bien son la excepción, lo cierto es que los hay). Se trata de un juego en el que el tinglado está plenamente armado y todos los actores ganan. Los verdaderos dueños del negocio asumen algún riesgo, aunque mínimo, pues quienes quedan expuestos en primer término son los prestanombres que en un inicio constituyeron las empresas.

Sin embargo, siempre quedan cabos sueltos. Por un lado, el SAT cuenta con la información completa de los CFDI expedidos por las empresas fantasma. Por otra parte, las autoridades fiscales y financieras tienen la posibilidad de rastrear la totalidad de las transferencias de dinero que salieron de las dependencias públicas y que terminaron en los bolsillos de los operadores de los cárteles.

Cómo saquear el erario y no morir en el intento

Un ejemplo ayuda a explicar lo anterior. Supóngase que varios funcionarios pretenden apropiarse de 10 millones de pesos pertenecientes al erario. Para esos fines, en contubernio con empresas externas idean un mecanismo para esos propósitos: inventan una licitación de una obra o servicio público que de antemano saben que nunca se ejecutará.

Ninguna sorpresa hay en que una de esas empresas resulte favorecida con la asignación del contrato objeto de la trama. Aunque la obra o servicio sean falsos, arman un expediente que en apariencia cumple con todos los requisitos legales. El eslabón final es la salida de los 10 millones de pesos, para lo cual aquella emite un CFDI falso que ampara la transferencia de esa cantidad a su favor.

La transacción queda de este modo consumada. Acto seguido, los integrantes del complot se reparten el dinero. Así de simple. Los medios de comunicación reportan múltiples casos de corrupción a través de empresas fantasma. En este caso, los delitos que se cometen son de peculado, enriquecimiento ilícito, fraude fiscal, lavado de dinero y delincuencia organizada, todos ellos con penas de prisión severas.

El mecanismo descrito también se utiliza para financiar campañas políticas. Pensemos el caso del patrocinador de un candidato a un puesto de elección popular, quien le dona cinco millones de pesos para su campaña. Y qué mejor que contar con un CFDI apócrifo para esos propósitos. Las ventajas son múltiples. Por una parte, las empresas fantasma son el vehículo ideal para deducir esa cantidad en el ISR y acreditar el IVA respectivo, que de otra manera serían improcedentes. Por otro lado, la factura falsa posibilita el anonimato del patrocinador y permite al candidato eludir los límites de financiamiento establecidos en la legislación electoral.

Por ello no es extraño que en años de elecciones federales y locales las estadísticas del SAT reporten incrementos sustanciales en la emisión de facturas falsas. Lo paradójico es que los responsables de las finanzas de los partidos políticos y de sus candidatos ofrezcan paquetes “llave en mano”, es decir, un portafolio de empresas para materializar los donativos para campañas electorales.

Consulta el Texto Completo: http://www.nexos.com.mx/?p=31264

Continue Reading

Corrupción como proceso organizacional

Corrupción como proceso organizacional: comprendiendo la lógica de la desnormalización de la corrupción

David Arellano Gault Centro de Investigación y Docencia Económicas, México

Les compartimos el articulo completo en PDF: CORRUPCIÓN COMO PROCESO UNAM

 

¿CÓMO CITAR ESTE ARTÍCULO?

Arellano Gault, D. Corrupción como proceso organizacional: comprendiendo la lógica de la desnormalización de la corrupción. Contaduría y Administración (2016), http://dx.doi.org/10.1016/j.cya.2016.01.005

 

 

Continue Reading

¿Qué es la corrupción?

¿Qué es la corrupción?

Según Transparencia Internacional (2016), la corrupción es definida como el abuso del poder para obtener una ganancia privada. Se conoce según este mismo organismo que hay diferentes niveles de corrupción en función de las cantidades de dinero implicadas y el sector social en el que ocurren. El primer tipo se denomina la corrupción grande, en la que se agrupan los actos corruptos de alto nivel en el Gobierno que distorsionan las leyes o el funcionamiento del Estado, y dichas leyes a su vez habilitan a los funcionarios para usufructuarse de los bienes públicos. En segundo lugar, la corrupción simple, que se refiere a los abusos que ocurren en la vida cotidiana entre quienes tienen poco o mediano poder público y los ciudadanos comunes. Estos abusos ocurren cuando las personas tratan de acceder a servicios básicos como los hospitales, las escuelas o la policía (entre otros). Finalmente, la corrupción política se refiere a un tipo de manipulación de las leyes, las instituciones y las reglas para distribuir los recursos y la financiación de quienes toman las decisiones políticas, quienes abusan de su posición para mantener su poder, su estatus y su propia riqueza. Desde una perspectiva más moderna, Osoba (1996) define la corrupción como una forma de conducta antisocial de un individuo o de su grupo, quien o quienes confieren beneficios de manera fraudulenta o injusta a otros. Su comportamiento no es consistente con las leyes y normas establecidas, sin embargo, es coherente con otra forma de ethos en la que se considera que se debe subvertir o minimizar la capacidad de las autoridades legítimas para suplir las necesidades, distribuir o proveer los recursos y los bienes de manera justa y equitativa a todos los miembros de la sociedad.

Consecuencias de la Corrupción

Las consecuencias de la corrupción son graves en muchos de los casos, y se pueden observar principalmente en cuatro áreas: política, económica, social y ambiental. En primer lugar, en el caso de las consecuencias políticas, la corrupción es un obstáculo para la democracia, puesto que ataca directamente al corazón de las instituciones: a su legitimidad y al desarrollo del liderazgo político (Beramendi y Zubieta, 2012). En segundo lugar, y en relación con las consecuencias sobre la economía, los actos de corrupción agotan las riquezas de las naciones, puesto que quienes ejecutan estas acciones buscan dirigir las inversiones de los recursos públicos a proyectos que finalmente beneficiarán más a sus propios bolsillos que a los ciudadanos comunes. Por ejemplo, para un grupo de líderes políticos podría resultar más beneficioso y prioritario invertir en minería que en escuelas, hospitales y carreteras. En tercer lugar, la corrupción afecta la esfera social puesto que mina la credibilidad de las personas hacia los sistemas, las instituciones y los líderes, dificultando adicionalmente la construcción y posterior establecimiento de una cultura de paz (Barreto, Borja, Serrano y López-López, 2009). En cuarto lugar, los daños al ambiente se hacen evidentes cuando los sistemas corruptos permiten la degradación de los recursos naturales, su explotación indiscriminada y en general daños ambientales irreversibles (Transparencia Internacional, 2016).

Posibles causas de la Corrupción

Sobre las posibles causas de la corrupción se han observado algunos factores histórico-culturales, geográficos, políticos, económicos y sociodemográficos que podrían ser predictores de su aparición. En cuanto a los factores histórico-culturales, Goel y Nelson (2010) han observado que en los países recientemente independizados, sus instituciones estatales (que también están en vía de desarrollo) son más vulnerables a la corrupción en comparación con entidades de países desarrollados que han creado instituciones que logran controlar la corrupción. Esto se da principalmente porque en las naciones en vía de desarrollo no existen los mecanismos necesarios para controlar la corrupción e incluso algunas de sus formas pueden concebirse como comportamientos normales dentro de la misma cultura. Otro factor asociado a la corrupción es el grado de privatización de las instituciones (esto a su vez es bastante común en los países recientemente independizados), que crea un contexto favorable para la aparición y la aceptación de los sobornos.

Dentro de los factores geográficos que pueden estar relacionados con la corrupción se ha observado que los países con áreas geográficas grandes, poco urbanizados, con muchos recursos naturales y dificultades de comunicación (o conexión) entre los Gobiernos locales y los nacionales, presentan mayores niveles de corrupción. Esto ocurre principalmente por la dificultad que tienen los Gobiernos para establecer medidas de vigilancia y de control. Adicional a ello, cuando las poblaciones no se encuentran concentradas en un solo lugar, la probabilidad de ser descubiertos y denunciados es menor, puesto que no hay suficientes observadores de las acciones corruptas (Transparencia Internacional, 2016).

Otros factores para la corrupción

Otros factores tales como la tradición jurídica, la religión dominante, el modelo colonizador y la fragmentación étnica, cultural o lingüística, también están relacionados con la corrupción. Por ejemplo, algunos estudios han hallado que las tradiciones religiosas son un factor legitimador de la corrupción, debido a las relaciones de lealtad que surgen entre sus miembros, es decir, que las sociedades más religiosas son más tolerantes con las prácticas corruptas realizadas por sus compañeros de grupo (Alonso y Mulas-Granados, 2011).

Lo político y la corrupción

En cuanto a lo político, se ha considerado la democracia como elemento preventivo de la corrupción (Gómez y Manrique, 2014). Según algunos estudios (Sandholtz y Koetzle, 2000, Chowdhury, 2004 and Emerson, 2006), en los países democráticos existe una representación de diversos intereses, por lo que hay una menor posibilidad de buscar el beneficio personal. Los medios de comunicación no están censurados y eso permite tanto la vigilancia de los entes públicos como el ejercicio de una presión social en contra de acciones corruptas. No obstante, lo que determina que haya un control sobre la corrupción es el sistema legal. Si el sistema es débil, se incrementan las probabilidades de corrupción, pues no se garantizan penalizaciones (Alonso y Mulas-Granados, 2011).

Algunas características sociodemográficas han sido relacionadas tanto con los actos de corrupción como con las actitudes frente a los mismos. Por ejemplo, estudios como el de Esarey y Chirillo (2013) y Olin (2013) muestran que hay una relación entre la percepción de la corrupción y el género. Por una parte, las personas sienten mayor confianza cuando los recursos son administrados por mujeres (porque al parecer no son tan susceptibles de cometer actos corruptos) y, por otra parte, si los ejecutan son más fuertemente castigadas que los hombres. También se sabe que las mujeres son más o menos vulnerables a la corrupción en relación con el sistema político del país (democrático o autocrático). En los Gobiernos democráticos las mujeres critican más fuertemente la corrupción que en los Gobiernos autocráticos. Por ejemplo, países como México (Moore, 1999) y Bolivia implementaron como estrategia anticorrupción la inclusión de mujeres en lugares de poder, y dicha estrategia resultó efectiva (Katzman y Roza, 2016). Algunos investigadores atribuyeron este resultado a los sistemas patriarcales, en los que la expectativa sobre el comportamiento de las mujeres y la consideración de una fuerte diferencia entre los dos sexos hace que las mujeres mismas consideren que en ellas los actos corruptos son más reprochables que en los hombres, y por ello se abstienen. En este mismo sentido, las mujeres consideran menos aceptable la corrupción (Truex, 2011).

Otra variable sociodemográfica que se ha estudiado en relación con las actitudes frente a la corrupción es el nivel educativo. Sobre ello se conoce que en la medida en que las personas tienen mayores niveles de ilustración consideran la corrupción menos aceptable, sin que ello quiera decir que quienes son más educados cometan menos actos de corrupción. Por ejemplo, quienes han alcanzado niveles de estudio universitarios, en comparación con quienes apenas han cursado la educación elemental, expresan que es muy inaceptable recibir sobornos, en contraste con quienes tienen menos educación, a quienes esta acción les parece más aceptable. En general, quienes tienen muy bajos niveles de educación solo consideran medianamente inaceptable dar un soborno para obtener un beneficio o recibir un contrato privado. Estos hallazgos son consistentes en diversos países, e indicarían que la educación de los ciudadanos también podría ser un factor preventivo de los casos de corrupción (Truex, 2011).

Yo No Muerdo es una iniciativa global que su objetivo es lograr erradicar la corrupción a través de un compromiso personal a no ser participe de ningún acto de corrupción. Podéis firmar el compromiso en: Yo No Muerdo Compromiso contra la Corrupción

Consulta el Texto Original en: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S113205591630028X

Continue Reading